SANTO DOMINGO.- La polémica licitación de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) para adquirir 2,894 silbatos por RD$5.6 millones ha sido suspendida de manera oficial por la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP), evitando así que se concretara una compra que desató críticas masivas.
El proceso, que estipulaba un precio unitario de RD$1,947 por cada silbato, se volvió viral y generó un intenso debate público sobre el gasto y la supervisión en las adquisiciones estatales. La ola de cuestionamientos y el evidente ridículo público que el caso provocó llevaron a las autoridades de compras a intervenir y ordenar la paralización del procedimiento.
La noticia de la suspensión ha sido recibida con satisfacción por la ciudadanía en las redes sociales, que la interpretan como una victoria de la vigilancia colectiva y una demostración de que el escrutinio público puede ser una herramienta efectiva para demandar transparencia.
¿Por qué se suspendió?
Aunque la DGCP no ha emitido un comunicado detallado, es una práctica estándar suspender una licitación cuando:
- Surgen objeciones fundadas por parte de la ciudadanía o de los propios participantes (proveedores).
- Se identifican indicios de precios desproporcionados o no sustentables técnicamente.
- Es necesario revisar las especificaciones técnicas o los requisitos de la licitación para garantizar que sean claros, justos y necesarios.
En este caso, la abrumadora evidencia de un costo unitario considerado excesivo por la mayoría fue motivo suficiente para detener el proceso y solicitar a la Digesett las justificaciones técnicas y económicas correspondientes.
El escándalo que lo inició todo
La controversia estalló cuando se hicieron públicos los detalles de la licitación, la cual destinaba la suma de RD$5,634,618 para la compra de 2,894 silbatos. La simple división del monto total entre el número de unidades reveló el precio de RD$1,947 por cada uno, un monto que los usuarios de internet compararon con el costo de artículos de primera necesidad, cuestionando su razonabilidad.
Próximos pasos
Con la suspensión, el proceso de compra se detiene en seco. Ahora, la Digesett tendrá que:
· Proporcionar a la DGCP toda la documentación que justifique la necesidad y el precio de los artículos.
· Revisar sus especificaciones técnicas y cotizaciones de mercado.
· Posiblemente, reestructurar completamente los términos de la licitación o cancelarla definitivamente.
Este caso se ha convertido en un ejemplo emblemático de la importancia de la transparencia y el acceso a la información pública. Demuestra que cuando la ciudadanía tiene acceso a los datos de cómo se gasta el dinero público, puede actuar como un contrapeso efectivo para exigir racionalidad y accountability en la administración del Estado.
La DGCP y la Digesett deberán ahora evaluar sus mecanismos internos para evitar que procesos con precios tan fácilmente cuestionables lleguen a instancias públicas en el futuro.