La Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago aplazó para el próximo martes 14 de octubre el conocimiento de la medida de coerción contra once agentes policiales acusados de participar en la muerte de cinco hombres en un supuesto enfrentamiento ocurrido en el sector La Barranquita, de esa provincia.
Los acusados son los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz; el sargento Hairo Mateo Morillo; y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.
El Ministerio Público solicita prisión preventiva y la declaración del caso como complejo, alegando la gravedad de los hechos y la participación coordinada de varios agentes en lo que inicialmente se presentó como un operativo policial rutinario.
Una sociedad cansada de las “confusiones”
Este caso reabre el debate sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y la repetida justificación de muertes bajo el argumento de “intercambio de disparos”, una versión que la población recibe cada vez con mayor escepticismo.
En barrios populares como La Barranquita, las familias lloran a sus muertos mientras esperan justicia, pero también miran con desconfianza hacia un sistema que rara vez sanciona a sus uniformados.
Cada caso que queda impune refuerza la percepción de que la vida de los más pobres vale menos, y de que el poder dentro de las instituciones puede más que la verdad.
Un espejo de una crisis más profunda
La violencia policial no solo refleja fallas disciplinarias, sino una crisis estructural en la formación, el control interno y la cultura institucional.
Aunque la reforma policial sigue siendo un tema en los discursos oficiales, los resultados concretos aún no alcanzan las calles, donde los abusos, los montajes y las ejecuciones extrajudiciales siguen apareciendo en titulares.
El aplazamiento de la audiencia extiende la espera de justicia, pero también mantiene viva la pregunta que cada vez más dominicanos se hacen:
¿Cuántas vidas más costará que la autoridad entienda que proteger no significa eliminar?