Este viernes el caso Calamar vuelve al menú del día en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, bajo la mirada de la magistrada Altagracia Ramírez. Sí, otra ronda más de una audiencia que ya parece serie por temporadas… pero con dinero público de por medio.
La Procuraduría General de la República no está hablando de chelitos sueltos, sino de un presunto desfalco que supera los RD$21,000 millones, un “picoteo” elegante al Estado dominicano mediante maniobras con terrenos expropiados y cobros creativos a bancas de lotería. Todo muy organizado, muy fino… y muy ajeno al sacrificio del pueblo.
En esta trama, que involucra a más de 40 personas y una docena de empresas, figuran nombres de alto calibre: Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, exfuncionarios que un día manejaron áreas clave del país y hoy protagonizan uno de los expedientes de corrupción más sonoros de la historia reciente.
También aparecen en el expediente el abogado Ángel Lockward y Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, porque cuando el dinero público se reparte mal, casi nunca camina solo.
Los cargos no son un relajo: asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación, soborno, financiamiento ilícito de campañas y lavado de activos. En resumen, un combo completo que, de comprobarse, no golpea a un partido ni a un grupo, sino al bolsillo y la dignidad del Estado dominicano.
Porque aquí el punto no es quién fue, sino que lo que es del pueblo se respete. Y que la justicia, aunque lenta, no se haga la loca