Durante septiembre de 2025, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) informó la normalización de más de 22,000 clientes, el desmantelamiento de unas 8,000 conexiones ilegales y la captación de 4,100 nuevos usuarios en distintas provincias de su zona de concesión.
Los trabajos formaron parte del Plan Estratégico de Control y Reducción de Pérdidas 2025, con el objetivo de fortalecer la red eléctrica, mejorar la calidad del servicio y promover un consumo responsable.
Sin embargo, aunque los números lucen alentadores, las cifras del sector eléctrico nacional revelan que el problema del robo de energía no ha disminuido significativamente, sino que se mantiene como uno de los principales desafíos estructurales del sistema.
Un problema persistente
De acuerdo con datos divulgados por las propias distribuidoras, más de 800,000 usuarios en todo el país estarían conectados de manera ilegal, lo que provoca pérdidas millonarias, sobrecarga las redes y afecta la estabilidad del servicio.
Entre 2021 y 2024, las pérdidas del sistema eléctrico pasaron de 36.9 % a 42.2 %, según informes oficiales, lo que indica que los esfuerzos para reducirlas aún no logran revertir la tendencia.
EDEESTE ha ejecutado varios operativos similares durante el año. En mayo, por ejemplo, reportó el desmantelamiento de 8,863 fraudes eléctricos y la normalización de más de 19,000 clientes, cifras comparables con las de septiembre.
Esto sugiere que el fenómeno no está necesariamente en aumento, pero tampoco ha mostrado señales claras de reducción sostenida.
Más allá de los operativos
Fuentes del sector reconocen que muchas de las conexiones ilegales reaparecen semanas después de los operativos, lo que demuestra la fragilidad del control y la falta de seguimiento técnico y legal.
En algunas zonas del Este, como San Pedro de Macorís y El Seibo, se han detectado reconexiones clandestinas incluso luego de la intervención de las brigadas.
Además, el costo social del problema sigue siendo alto. Cada conexión ilegal afecta a los usuarios que pagan su factura, pues aumenta las pérdidas totales y eleva la necesidad de subsidios estatales, que superaron los US$6,000 millones entre 2020 y 2024.
El reto estructural
El robo de energía no solo es un asunto técnico: está vinculado con la pobreza, la informalidad económica y la debilidad institucional.
Expertos sostienen que, sin una política integral que combine tecnología, educación ciudadana, sanciones efectivas y mejoras en la calidad del servicio, el país seguirá atrapado en un ciclo de pérdidas y subsidios.
EDEESTE, por su parte, asegura que continuará trabajando junto a las autoridades y comunidades para promover una cultura de consumo legal y eficiente, y reitera que las conexiones ilegales representan un riesgo para la seguridad y la estabilidad del sistema.
El desafío ahora es lograr que los resultados no sean solo cifras mensuales, sino cambios duraderos en la forma en que el país produce, distribuye y consume electricidad.