El Gobierno de Estados Unidos anunció una revisión exhaustiva de más de 55 millones de visas activas en todo el mundo, una medida que, aunque tiene carácter global, despierta especial inquietud en la República Dominicana, dado el alto número de solicitantes y beneficiarios que mantiene vínculos con ese país.
La acción forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias y de seguridad nacional impulsadas durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.
Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado, explicó a Diario Libre que se trata de un proceso de “verificación permanente” que abarca a todos los tipos de visado y nacionalidades. El objetivo es identificar casos de inelegibilidad, como permanencia ilegal tras vencer el período autorizado, historial delictivo, amenazas a la seguridad o nexos con grupos terroristas. De hallarse irregularidades, las visas podrán ser canceladas inmediatamente, y en ciertos casos los portadores quedarían sujetos a deportación.
Molano aclaró que la evaluación puede llevarse a cabo antes, durante o después de otorgarse la visa. Si un oficial consular recibe información comprometedora sobre un viajero, debe decidir si el documento conserva su validez. Sin embargo, el Departamento de Estado no tiene obligación de notificar siempre la revocación, salvo cuando sea “prácticamente posible”. En el caso de los estudiantes internacionales, se notifica al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que a su vez informa a las instituciones educativas, lo que puede implicar la pérdida inmediata del estatus migratorio.
Aunque la medida afecta a todos los países, su repercusión en República Dominicana es significativa: el país figura entre los diez primeros emisores de solicitudes de visa de turismo y ocupa el segundo lugar mundial en solicitudes de visa de inmigrante, solo detrás de México. Miles de familias dependen de este mecanismo para viajar, estudiar, trabajar o reunirse con parientes en Estados Unidos.
El anuncio llega junto a otras acciones restrictivas de la Casa Blanca, como la Proclamación 10949, emitida en junio de 2025, que limita el ingreso de ciudadanos de 12 naciones por razones de seguridad. Aunque dicha orden excluye a quienes ya poseen visas válidas, residentes permanentes y casos especiales —como diplomáticos, familiares cercanos y atletas en competencias internacionales—, evidencia la línea dura de la actual política migratoria: mayor control y menos flexibilidad.
“Una visa es un privilegio, no un derecho”, recordó Molano, subrayando que la prioridad de la administración es reforzar la seguridad fronteriza. “Evaluamos toda la información disponible para asegurarnos de que quienes ingresen a Estados Unidos cumplan la ley y no representen un peligro”.
En República Dominicana, el anuncio genera preocupación entre los titulares de visas, quienes podrían ver revocado su estatus sin previo aviso. El mensaje es contundente: tener una visa vigente no garantiza inmunidad frente al escrutinio.