El equipo de béisbol profesional Águilas Cibaeñas informó que Fabio Augusto Jorge, miembro de su Consejo Administrativo e investigado por la Administración de Control de Drogas (DEA), ha decidido tomar una licencia temporal de sus responsabilidades dentro de la organización, tras hacerse pública la investigación en su contra.
A través de un comunicado, las Águilas aclararon que no emitirán comentarios ni valoraciones sobre los asuntos personales del señor Jorge mientras se desarrollan las indagatorias.
“En estricto apego a la ética y al respeto a los procesos, la institución se abstiene de emitir cualquier valoración o comentario sobre el particular mientras las instancias correspondientes realizan su labor de esclarecimiento”, señala la nota.
El equipo garantizó que sus operaciones deportivas y administrativas continúan con total normalidad, reafirmando su compromiso con los fanáticos y socios comerciales.
“Queremos asegurar a nuestros aficionados y socios comerciales que las operaciones del equipo prosiguen su curso normal, sin interrupciones, con un enfoque absoluto en nuestra misión deportiva y social, en el desarrollo del talento y en ofrecer la mejor experiencia a nuestros seguidores”, expresa el comunicado.
Asimismo, las Águilas manifestaron su confianza en el debido proceso y en que las autoridades determinarán los hechos con transparencia.
“Nuestra institución mantiene un compromiso inquebrantable con la ética y la transparencia en todas sus actividades. Estos valores guían cada decisión y son esenciales para servir a nuestros jugadores, aficionados y a la comunidad deportiva del país.”
De acuerdo con informaciones oficiales, Fabio Augusto Jorge-Puras, también exasesor honorífico para las zonas francas, es investigado por la DEA en relación con operaciones de tráfico de sustancias ilícitas realizadas entre los años 2003 y 2019.
El empresario fue desvinculado de su posición pública mediante el decreto 273-25, emitido el 23 de mayo, luego de que las autoridades estadounidenses notificaran la investigación a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). El Gobierno reiteró que habrá consecuencias para quienes se aparten de los cánones legales.