Santo Domingo — Un proyecto de ley sometido en la Cámara de Diputados plantea una medida para impedir que personas condenadas por corrupción, violación sexual o narcotráfico puedan ocupar cargos públicos. La iniciativa busca evitar que quienes cometen delitos graves retornen luego a la vida política bajo la fachada de “honorables”.
La propuesta fue presentada por la diputada Adelis De Jesús Olivares, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), representante de los dominicanos en el Exterior en la Circunscripción No. 2. Según el proyecto, quienes sean condenados en segunda instancia por alguno de los 17 delitos específicos contemplados quedarán inhabilitados para ocupar puestos públicos durante 8 a 16 años, y en ciertos casos de delitos como terrorismo, la inhabilitación sería perpetua.
El proyecto ha generado debate. Algunos lo apoyan al considerarlo un paso firme contra la impunidad, mientras que otros expresan reservas legales. En el programa Esto No Es Radio, el abogado Pedro Casal comentó que la ley podría ser considerada inconstitucional, pues considera que una sanción de inhabilitación no puede funcionar como una “segunda condena” automática. También señala que para hacer efectiva esa medida, podría ser necesaria una reforma de la Constitución dominicana.