El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó este jueves que alrededor de 1,6 millones de personas en la República Dominicana —incluidos más de 606.000 niños, niñas y adolescentes— se encuentran en alto riesgo frente a los eventos climáticos extremos. Esta cifra equivale al 25 % de la población más vulnerable del país desde el punto de vista social y económico.
De acuerdo con el Índice de Riesgo Climático de la Infancia, publicado en 2021, la niñez dominicana enfrenta amenazas como escasez de agua, inundaciones, ciclones tropicales, sequías, enfermedades transmitidas por vectores, así como contaminación del aire, suelos y aguas. Estos datos se destacan en un informe conjunto presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y Unicef.
El organismo recordó que el Informe Global de Riesgos 2022 del Foro Económico Mundial posiciona los desastres climáticos como uno de los principales peligros para la República Dominicana. La vulnerabilidad aumenta en la niñez debido a condiciones estructurales como la pobreza multidimensional, el limitado acceso a servicios básicos y la brecha digital.
En los últimos 30 años, el país ha sufrido sequías severas —especialmente en 1997, 2015 y 2019— que han ocasionado pérdidas millonarias en la agricultura. Un ejemplo reciente fue la sequía de 2018-2019, que afectó fuertemente al sector agropecuario.
Aunque se ha registrado un avance en la reducción de la pobreza infantil —del 44,1 % al 30,4 % en pobreza monetaria y del 33,9 % al 21,3 % en pobreza multidimensional entre 2015 y 2023—, persisten altos niveles de fragilidad en regiones como Enriquillo (Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales) y El Valle (Azua, San Juan y Elías Piña), zonas especialmente expuestas a fenómenos climáticos extremos.
A nivel regional, el estudio proyecta que al menos 5,9 millones de niños y adolescentes de América Latina y el Caribe podrían caer en la pobreza para 2030 a causa del cambio climático. Si no se cumplen los compromisos de reducción de emisiones ni se prioriza la inversión social, esa cifra podría elevarse a 17,9 millones.
Ante este panorama, la Cepal y Unicef instaron a los gobiernos a incorporar un enfoque de derechos de la niñez en las políticas climáticas, reforzar la resiliencia de los servicios sociales, aumentar la financiación climática destinada a programas para la infancia, impulsar la educación ambiental, fomentar la participación juvenil y desarrollar políticas de protección social adaptativas.